Por Juan Pablo Ojeda
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) instrumentará a partir del ejercicio fiscal 2027 la prohibición absoluta del uso de efectivo en todas las transacciones, adquisiciones y pagos efectuados por las dependencias de la administración pública federal. El acuerdo intersecretarial, publicado en el Diario Oficial de la Federación, establece que el cien por ciento de las operaciones presupuestales deberán canalizarse mediante transferencias electrónicas y sistemas de pago rastreables.
De acuerdo con los datos proporcionados por la Tesorería de la Federación, la medida busca erradicar los márgenes de opacidad en el ejercicio del gasto corriente menor y asegurar la trazabilidad fiscal de cada peso erogado por las instituciones del Estado. Las estadísticas de auditoría interna revelan que las cajas chicas y los pagos en efectivo representaban históricamente un vector vulnerable para la comprobación fiscal de las dependencias centralizadas.
El análisis de la infraestructura tecnológica requerida indica que la banca de desarrollo y el Banco de México operarán como la columna vertebral de la plataforma de pagos digitales, la cual incluye candados de validación biométrica y sistemas de alerta temprana para detectar desvíos o fraccionamientos indebidos de contratos. Las reglas de operación exigen que los proveedores del sector público cuenten con cuentas bancarias fiscalizadas y firmas electrónicas avanzadas.
Por su parte, los oficiales mayores de las distintas dependencias federales han comenzado a recibir capacitación técnica para adaptar sus sistemas contables internos a la nueva norma de cero efectivo. Los lineamientos estipulan sanciones administrativas severas y la remoción inmediata para los servidores públicos que autoricen compras al margen de las plataformas electrónicas institucionales.
Las repercusiones de esta reestructuración financiera modificarán las dinámicas de proveeduría para miles de empresas medianas y pequeñas que tradicionalmente operaban con esquemas de liquidación en efectivo en oficinas gubernamentales regionales. Las cámaras empresariales han solicitado periodos de transición para evitar la paralización temporal de contratos de suministro urgente.
El impacto fiscal a mediano plazo proyecta un incremento en la recaudación del Impuesto al Valor Agregado y una reducción drástica en los tiempos de fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Los inspectores fiscales podrán auditar en tiempo real las erogaciones de cualquier dependencia mediante el uso de macrodatos y algoritmos de supervisión contable.
El proceso de implementación continuará bajo la supervisión directa de la Subsecretaría de Egresos, fijando el primer trimestre de 2027 como el plazo límite para la completa digitalización de las operaciones de caja en el gobierno federal.
