Por Lizbeth Lara
La Auditoría Superior de la Federación ya no se percibe como una oficina que solo cierra carpetas al final del ciclo. Bajo la dirección de Aureliano Hernández Palacios Cardel, la institución ha abierto un cerco más amplio: investigaciones sobre posibles irregularidades en el INE, los OPLEs, la UNAM, gobiernos municipales y estatales, y también en grandes empresas que contratan con el sector público.
Ese abanico envía un mensaje que durante mucho tiempo hizo falta en la vida pública mexicana: nadie debería estar por encima de la rendición de cuentas. La novedad no está solo en los nombres auditados, sino en la decisión de activar investigaciones de oficio y de acompañar la fiscalización con denuncias penales cuando los hallazgos lo ameritan y la norma lo permite.
En materia electoral, la ASF ha iniciado una investigación de oficio sobre presuntas irregularidades relacionadas con el INE y con organismos públicos locales. Según lo expuesto por el auditor, trabajos de inteligencia identificaron grupos empresariales con operaciones millonarias ante entidades públicas, una parte relevante vinculada a organismos electorales locales. La institución ha insistido en no anticipar responsabilidades y en respetar el debido proceso.
El mismo criterio de amplitud se observa en la segunda entrega de la Cuenta Pública 2025. El 30 de octubre de 2026, la ASF presentó 374 informes individuales y reportó más de 9 mil millones de pesos pendientes de aclarar. La cifra resume observaciones que los entes fiscalizados aún pueden solventar con documentación adicional, pero también exhibe fallas graves de comprobación del gasto.
Los municipios concentran el mayor monto observado: más de 5 mil 200 millones de pesos en 42 auditorías donde se revisó el 100 por ciento de los recursos federales otorgados. En los estados, más de mil 200 millones quedaron pendientes de aclarar, sobre todo en educación y salud. En el orden federal, 2 mil 327 millones corresponden al Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios y a la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México.
Hubo, además, reintegros anticipados. Antes de concluir las revisiones, entidades federativas devolvieron mil 132 millones de pesos; 553 millones correspondieron al sector salud. Ese retorno parcial demuestra que la presión auditora puede recuperar recursos para la Tesorería, aunque no sustituye el seguimiento de lo que sigue sin acreditarse ni el análisis de posibles responsabilidades.
En el terreno penal, la ASF reporta 40 denuncias ante la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción a seis meses del inicio de la gestión. Tres de ellas se presentaron mientras las auditorías aún estaban en desarrollo, una facultad que la institución destaca como inédita en su práctica reciente y que busca evitar que los tiempos administrativos diluyan indicios graves.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho del combate a la corrupción una de sus banderas. La coincidencia entre esa prioridad política y una ASF que investiga sin importar el tamaño del sujeto obligado alimenta la percepción de que, por fin, la fiscalización superior podría tener dientes y no solo recomendaciones olvidadas en anaquel.
No es exagerado preguntarse si México está viendo el surgimiento de un nuevo zar anticorrupción. La etiqueta es periodística, no jurídica, pero describe una expectativa ciudadana: un auditor capaz de incomodar a instituciones históricas, gobiernos locales y actores privados cuando el dinero público no se explica con documentos suficientes.
Todavía falta lo más extenso. La ASF fiscaliza de manera directa a más de mil 200 municipios y alcaldías, y la tercera entrega de la Cuenta Pública 2025 deberá presentarse a más tardar el 20 de febrero de 2027. Ahí se verá si el cerco se sostiene con la misma intensidad o si se diluye cuando lleguen los resultados más sensibles.
Después de tantos años de discursos, lo que comienza a importar son los hechos: más de 9 mil millones por aclarar, investigaciones de oficio, denuncias en curso y un auditor que parece dispuesto a llegar hasta el fondo. Combatir la corrupción no es solamente decirlo; es investigar, documentar y hacer que haya consecuencias reales.
