Por Juan Pablo Ojeda
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció que ampliará sus investigaciones sobre posibles irregularidades en las contrataciones de las autoridades electorales y revisará todas las adquisiciones realizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), el extinto Instituto Federal Electoral (IFE) y los organismos públicos locales electorales (OPLE) entre 2000 y 2025.
El organismo fiscalizador informó que mantiene en marcha tres líneas de trabajo para examinar el manejo de los recursos públicos destinados a las instituciones electorales, luego de detectar indicios de posibles anomalías históricas mediante trabajos de inteligencia y análisis de información solicitada a las entidades federativas.
La primera línea contempla investigaciones de oficio sobre posibles irregularidades en las contrataciones públicas del INE, el antiguo IFE y la totalidad de los OPLE del país, con el propósito de identificar operaciones que pudieran representar un uso indebido de recursos públicos.
La segunda consiste en un estudio histórico de las adquisiciones realizadas durante los últimos 25 años, mediante el cual se buscará detectar patrones de contratación, concentración de proveedores y posibles prácticas ilegales relacionadas con grupos empresariales y servidores públicos.
Como tercera medida, la ASF realizará una auditoría integral al INE y revisará la totalidad del gasto federalizado ejercido por los organismos electorales locales, con el objetivo de ampliar la fiscalización sobre los recursos destinados a estas instituciones.
Las nuevas acciones se suman a las investigaciones anunciadas previamente por el auditor superior, Aureliano Hernández, sobre dos grupos empresariales que acumularon contratos por ocho mil 870 millones de pesos entre 2014 y 2026 con distintas entidades públicas.
De ese monto, tres mil 790 millones de pesos correspondieron a organismos electorales locales y 430 millones al INE, de acuerdo con las cifras presentadas por el funcionario. Entre las posibles irregularidades señaladas se encuentran la simulación de competencia en licitaciones, subcontrataciones entre empresas de un mismo grupo y el uso de compañías fachada.
La ampliación de las investigaciones ocurre en medio de los cuestionamientos a la gestión de Guadalupe Taddei al frente del INE, particularmente por los señalamientos relacionados con contratos millonarios y posibles conflictos de interés con empresas proveedoras del organismo.
La ASF buscará determinar si existieron irregularidades en las contrataciones electorales durante el periodo revisado, así como identificar posibles responsabilidades administrativas o legales. El organismo no estableció una fecha para presentar los resultados de las nuevas investigaciones.
