La Corte Suprema de Estados Unidos inició este miércoles el debate formal sobre la constitucionalidad del decreto ejecutivo emitido por el presidente Donald Trump, el cual busca eliminar la concesión automática de la ciudadanía por nacimiento a hijos de padres indocumentados o con visados temporales. El mandatario republicano marcó un precedente al convertirse en el primer presidente en funciones que asiste a las deliberaciones del máximo tribunal.
La sesión, que arrancó a las 10:00 horas locales, se desarrolla bajo un estricto protocolo de privacidad, dado que el máximo tribunal estadounidense no permite la transmisión en directo ni la filmación de sus debates. La presencia de Trump en la sala subraya la prioridad que su administración otorga a este litigio, considerado uno de los frentes de batalla jurídica más trascendentales de las últimas décadas.
El decreto presidencial en disputa establece que nacer en territorio estadounidense no otorga el derecho automático a la nacionalidad si los progenitores carecen de estatus legal permanente. Este criterio desafía directamente la interpretación histórica de la 14 enmienda de la Constitución, vigente desde finales del siglo XIX a raíz de la sentencia del caso Wong Kim Ark en 1898.
La postura del Ejecutivo, defendida por el procurador general John Sauer, argumenta que las personas en situación irregular no están «sujetas a la jurisdicción» completa del país. Según el alegato oficial, la medida busca frenar el denominado «turismo de parto» y desactivar lo que consideran un incentivo económico y social crítico para el flujo de la migración no autorizada hacia el norte.
Las métricas demográficas respaldan la magnitud del caso. De acuerdo con los últimos registros consolidados del Pew Center, hacia el año 2023 residían en Estados Unidos cerca de 10 millones de migrantes hispanos en situación irregular. La resolución de la Corte afectará directamente la planeación familiar y el estatus legal de las futuras generaciones de este amplio sector poblacional.
Hasta el momento, cuatro instancias judiciales inferiores han declarado inconstitucional la orden ejecutiva de la Casa Blanca, manteniendo el criterio de que la enmienda aprobada tras la Guerra Civil protege a todos los nacidos en el suelo nacional. El debate se centra ahora en si los jueces conservadores optarán por una lectura textualista restrictiva o mantendrán la tradición jurídica.
Expertos en derecho constitucional señalan que un fallo adverso para el gobierno federal mantendría el statu quo migratorio. No obstante, una resolución favorable a la administración de Trump reconfiguraría las bases del derecho civil en Norteamérica, impactando la demografía laboral y los sistemas de seguridad social para la segunda mitad de la década.