La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) ha reaccionado con firmeza a las acusaciones de motivación política tras su convocatoria al megabloqueo carretero programado para el 24 de noviembre. En un comunicado público, los transportistas aseguraron que su protesta no busca molestar al gobierno, sino exigir condiciones mínimas de seguridad: “que no nos roben, que no nos extorsionen y que no nos maten o desaparezcan”.
Aunque la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ha afirmado que el diálogo con los transportistas está abierto desde hace meses, la ANTAC cuestiona que sus representantes reales sean incluidos en esas mesas. Según David Estévez, líder de la organización, lo que se lleva planteando desde hace tiempo incluye la creación de “fiscalías especializadas para delitos en carretera”, seguros para los operadores y cámaras de vigilancia.
Las rutas críticas en disputa son varias: el bloqueo ya ha afectado autopistas estratégicas como la México–Querétaro, México–Puebla, México–Toluca y otras vías federales, lo que ha generado cuellos de botella en diferentes estados. Estas movilizaciones no buscan únicamente un paro laboral: también participan organizaciones campesinas que se suman al reclamo por precios justos para sus productos.
ANTAC ha descartado que su protesta tenga fines ideológicos. En sus palabras: “no es político … si logran que nos dejen de matar por salir a trabajar, muchos votaríamos a su favor”. Para ellos, esto es una lucha de supervivencia más que un pulso con el Ejecutivo.
Sin embargo, el Gobierno federal no ve las cosas igual. La Segob convocó a mesas de diálogo para el mismo 24 de noviembre y llamó a los manifestantes a levantar el bloqueo, argumentando que esos diálogos han estado “permanentemente abiertos”. Por su parte, la ANTAC acusa que en esos espacios se han atendido más bien a “pseudotransportistas”, y no a sus organizaciones reconocidas.
Uno de los reclamos centrales es precisamente la presencia de violencia en las carreteras: según los transportistas, enfrentan extorsiones en retenes policiales, pagos de hasta 40 mil pesos, detenciones arbitrarias y hasta secuestros. Denuncian que la licencia digital que les han dado no es reconocida por algunos agentes, lo que genera un gran riesgo para quienes transitan por rutas federales.
LAS PROTESTAS han alcanzado una magnitud nacional: según reportes, al menos 20 estados se verán afectados por los bloqueos, lo que incluye aduanas y accesos a ciudades clave. Esto no solo paraliza el transporte de mercancías, sino también pone en jaque las rutas de abastecimiento y los accesos comerciales.
Para la ANTAC, que el paro sea total y no solo simbólico es una condición: anunciaron que no habrá transporte de mercancías y que se sumarán a tomas de aduanas en la franja fronteriza, para ejercer presión directa. Su mensaje al Gobierno es claro: no es momento de diálogo partidista, sino de respuestas reales a una problemática que, según ellos, ya ha cobrado vidas y puesto en riesgo a quienes trabajan en las carreteras.
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