La negativa a aplicar una vacuna en un módulo público puede deberse a causas administrativas —como falta temporal de dosis o errores en el registro—; sin embargo, cuando no existe justificación clara, la ciudadanía tiene derecho a solicitar una explicación formal y, de persistir la negativa, presentar una queja ante instancias sanitarias y de derechos humanos. Autoridades federales y locales recuerdan que la vacunación forma parte de las acciones de salud pública previstas en la Ley General de Salud.
De acuerdo con la Secretaría de Salud (Ssa), lo primero es mantener la calma y pedir hablar con la persona responsable del módulo para conocer el motivo específico del rechazo. En campañas abiertas o jornadas intensivas, la disponibilidad de biológicos puede variar por alta demanda o por ajustes logísticos, por lo que una reprogramación suele resolver el incidente.
La Ssa recomienda verificar previamente el registro y la cita en el portal oficial mivacuna.salud.gob.mx. Si no existe turno asignado o la jornada concluyó, es posible agendar una nueva fecha o acudir a módulos con atención sin cita cuando así lo indiquen las convocatorias públicas.
En la capital, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México señala que, ante cualquier inconveniente, se puede solicitar reubicación a otro módulo cercano o a una jornada posterior. Para orientación y apoyo logístico, LOCATEL (55 56 58 11 11) brinda información sobre sedes activas y, en casos de impedimentos médicos, canaliza solicitudes de vacunación a domicilio conforme a disponibilidad.
Si la negativa persiste sin fundamento, las personas pueden presentar una queja ante la autoridad sanitaria local o acudir a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que recibe denuncias por presuntas vulneraciones al derecho a la salud. La Ley General de Salud establece la responsabilidad del Estado en la prevención y control de enfermedades transmisibles, lo que incluye programas de vacunación durante contingencias.
En el ámbito laboral, cuando un empleador impide acudir a vacunarse o descuenta salario por hacerlo, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) ofrece asesoría y representación gratuitas. La autoridad laboral ha recordado que las y los trabajadores no pueden ser sancionados por ejercer su derecho a la salud, especialmente en el contexto de campañas oficiales.
Especialistas en salud pública subrayan que documentar el hecho —anotar fecha, hora, sede y nombre del responsable— facilita la investigación administrativa. También recomiendan conservar comprobantes de registro y capturas de pantalla del turno asignado para acreditar el intento de vacunación.
Finalmente, las autoridades llaman a informarse por canales oficiales y evitar intermediarios. La coordinación entre instancias federales y locales busca garantizar el acceso equitativo a los biológicos, priorizando a grupos de riesgo y asegurando transparencia en la distribución.