La propuesta fue presentada por la diputada Elvia Estrada Barba, integrante del Partido Verde Ecologista de México, quien plantea reformar la Ley de Residuos Sólidos local para obligar a las empresas de comercio electrónico a sustituir materiales plásticos por opciones compostables o reciclables.
De acuerdo con datos expuestos en tribuna y retomados por el propio Congreso de la Ciudad de México, las ventas por internet generan diariamente más de 236 toneladas de residuos plásticos en la capital, lo que equivale a aproximadamente 29 camiones de basura llenos exclusivamente con este tipo de desechos. En términos anuales, la cifra supera las 86 mil toneladas.
La legisladora advirtió que gran parte de estos plásticos son de baja densidad, lo que dificulta su reciclaje y favorece su acumulación en tiraderos clandestinos, barrancas y cuerpos de agua. Citó además estimaciones internacionales que señalan que más del 80% del plástico que llega a los océanos proviene de fuentes terrestres, afectando ecosistemas, biodiversidad y salud pública.
En ese contexto, la iniciativa también responde a los altos costos de gestión de residuos. Según cifras oficiales referidas por la diputada, en 2021 la capital destinó más de mil 700 millones de pesos para el manejo de basura plástica, lo que evidencia la presión financiera que implica este modelo de consumo.
El proyecto legislativo incorpora definiciones específicas sobre comercio electrónico, embalaje y servicios de paquetería, además de establecer obligaciones para que las empresas reduzcan al mínimo el uso de materiales en sus empaques. De aprobarse, quedaría prohibido el uso de plásticos de un solo uso en envíos a domicilio o puntos de recolección.
No obstante, la propuesta enfrenta retos operativos y económicos. Especialistas han advertido que la transición hacia materiales compostables podría implicar mayores costos para las empresas y consumidores, así como la necesidad de fortalecer la infraestructura de reciclaje y compostaje en la ciudad para garantizar la efectividad de la medida.
La iniciativa fue turnada a la comisión correspondiente para su análisis y dictaminación, donde se evaluará su viabilidad técnica, ambiental y económica. El debate se perfila como un punto clave en la agenda ambiental de la capital, en medio de la creciente presión por regular los impactos del comercio digital.