De acuerdo con información preliminar difundida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el agresor fue identificado como Julio César Jasso Ramírez, de 27 años, originario de Tlapa, Guerrero. Portaba un revólver calibre .38 especial, un arma blanca y presuntas notas en las que delineaba el ataque, lo que apunta a una posible premeditación.
El incidente se registró alrededor de las 11:20 horas, cuando se reportó a un sujeto armado que amagaba a turistas en la cima de la Pirámide de la Luna, uno de los puntos más concurridos de la zona arqueológica. Tres minutos después, autoridades activaron un operativo conjunto con elementos de la Guardia Nacional y policía municipal.
Según la cronología oficial, a las 11:30 horas un destacamento de aproximadamente 30 elementos de la Guardia Nacional llegó al sitio y ascendió la pirámide para confrontar al agresor. Durante el intercambio de disparos, el atacante resultó herido en una pierna, lo que limitó su desplazamiento.
Minutos más tarde, alrededor de las 11:45, el agresor se quitó la vida mientras intentaba huir por uno de los costados de la estructura. Para las 12:20 horas, el área fue completamente asegurada por fuerzas de seguridad, permitiendo el ingreso de servicios de emergencia y peritos.
El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, destacó la “rápida y eficaz intervención” de la Guardia Nacional, al considerar que evitó un número mayor de víctimas en un sitio que, por su configuración, presentaba desventajas operativas para los cuerpos de seguridad.
La zona arqueológica de Teotihuacán es uno de los destinos turísticos más visitados del país, con cerca de 1.8 millones de visitantes anuales, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). El ataque ocurre en un contexto de alta afluencia internacional y a poco más de un año de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Tras los hechos, autoridades federales y locales anunciaron el reforzamiento de medidas de seguridad en zonas arqueológicas y puntos turísticos, incluyendo mayor presencia física de elementos de seguridad y monitoreo cibernético para detectar posibles amenazas. No obstante, especialistas han advertido que este tipo de incidentes exhibe vulnerabilidades en los protocolos de prevención y reacción en espacios abiertos de alto tránsito.
La investigación continúa en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), que analizará el perfil del agresor, sus motivaciones y posibles omisiones en los filtros de seguridad. El caso abre un debate sobre la capacidad institucional para garantizar la seguridad en sitios emblemáticos del patrimonio cultural frente a riesgos emergentes.