En las últimas semanas, habitantes de Tacubaya han denunciado un patrón de no renovación de contratos de arrendamiento en inmuebles antiguos, acompañado de remodelaciones para reconvertir departamentos en unidades tipo dúplex con rentas que oscilan entre los 20 y 30 mil pesos mensuales. El caso más visible es el del Edificio Isabel, conjunto art déco construido entre 1928 y 1929, cuya propiedad corresponde a la Fundación Mier y Pesado.
De acuerdo con testimonios de vecinos organizados en el Colectivo Edificio Isabel, la Fundación ha enviado avisos formales de terminación o no renovación de contratos, lo que —afirman— ha derivado en salidas forzadas de familias con décadas de residencia. Algunos habitantes aseguran que las obras de remodelación, el señalamiento de supuestas deudas y el deterioro progresivo de servicios han generado condiciones que dificultan la permanencia, en lo que describen como “desalojos silenciosos”.
Las nuevas unidades son promovidas a través de plataformas de administración inmobiliaria como Homie, con precios que superan el promedio histórico de la zona, donde las rentas tradicionales oscilaban entre 8 y 12 mil pesos mensuales. Esta brecha ha sido señalada como uno de los principales mecanismos de desplazamiento indirecto, al elevar el valor de referencia del mercado en calles aledañas.
En materia regulatoria, el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (Invea) realizó clausuras en el Edificio Isabel por presuntas irregularidades en obras que contravendrían la normatividad aplicable a inmuebles con valor patrimonial. Según la Ley de Desarrollo Urbano y disposiciones del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, las intervenciones en edificios con características históricas deben contar con autorizaciones específicas, especialmente en colonias con traza tradicional.
El fenómeno no es aislado. Proyectos inmobiliarios como el complejo Condesa Sur —desarrollado en el predio del antiguo Cine Ermita— han impulsado una narrativa de revalorización urbana que, bajo nuevas etiquetas comerciales, busca atraer inversión de alto poder adquisitivo. Especialistas en desarrollo urbano advierten que el uso del Sistema de Actuación por Cooperación, previsto en la normatividad de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México (Seduvi), permite incrementos de densidad a cambio de aportaciones económicas, aunque vecinos cuestionan la transparencia en la aplicación de estos recursos y el cumplimiento efectivo de cuotas de vivienda social que van del 10 al 30 por ciento.
A este contexto se suma la proximidad de la Copa Mundial FIFA 2026, que ha detonado procesos de renovación y reconversión de inmuebles para renta temporal y plataformas de hospedaje. Analistas del sector inmobiliario prevén un aumento en la demanda turística en zonas cercanas a corredores estratégicos, lo que podría presionar aún más el mercado de vivienda en barrios tradicionales como Tacubaya.
Frente a este escenario, entre 30 y 50 residentes del Edificio Isabel y colonias aledañas se han articulado en colectivos como el Observatorio Vecinal Escandón. El pasado 15 de febrero de 2026 realizaron una manifestación pública para exigir políticas claras de vivienda asequible, límites a la especulación inmobiliaria y mayor supervisión sobre grandes propietarios. También demandan la intervención de autoridades de la Alcaldía Miguel Hidalgo y del Gobierno de la Ciudad de México para garantizar el derecho a la vivienda y la preservación del tejido social.
Hasta el momento, la Fundación Mier y Pesado no ha emitido un posicionamiento público detallado sobre las acusaciones de desplazamiento. En tanto, el debate sobre la gentrificación en Tacubaya se inserta en una discusión más amplia sobre el modelo de desarrollo urbano en la capital, donde el equilibrio entre inversión, conservación patrimonial y derecho a la vivienda continúa siendo un punto de tensión estructural.