Por Bruno Cortés
En los pasillos del Congreso se está cocinando otro episodio de tensión entre la 4T y los grupos opositores. Esta vez, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, señaló directamente a Claudio X. González —empresario y activista conocido por su crítica al gobierno— de orquestar una campaña mediática para “inflar” el tema de una supuesta censura, utilizando el caso de la diputada del PT, Diana Karina Barreras Samaniego, y una ciudadana llamada Karla María Estrella.
La historia comenzó el año pasado, durante las campañas electorales, cuando la diputada presentó una queja ante el INE argumentando que había sido víctima de violencia política de género: según ella, se usaron estereotipos para descalificarla como candidata, sugiriendo que no había llegado al cargo por méritos propios. La Sala Regional del tribunal le dio la razón, pero como suele pasar en estos casos, la resolución final se tardó más de un año.
Ahora que el Tribunal Electoral sancionó a la ciudadana Karla Estrella con una obligación de disculparse públicamente, la controversia volvió a encenderse en redes. Pero, según Gutiérrez Luna, esto no es casualidad. Dice que detrás de toda la “viralización” está el despacho de Claudio X. González —el Consejo Nacional de Litigio Estratégico— y que el objetivo es simple: hacer ruido, construir una narrativa de censura, y golpear políticamente.
Lo que ha causado más revuelo es la idea de que la sanción obliga a repetir una disculpa 30 veces. Según el morenista, eso es falso. Aclara que la sentencia del Tribunal Electoral pide una sola disculpa dentro de un plazo de 30 días, no una diaria. Pero el despacho de la abogada Mariana Calderón —parte de ese mismo grupo, según él— habría interpretado y difundido la sanción de forma que parezca ridícula o desproporcionada.
En medio del ruido, Gutiérrez Luna aprovechó para decir que México vive una etapa con más libertad de expresión que nunca, pero también con nuevas reglas que castigan cuando alguien cae en violencia política por razones de género. Eso incluye ataques, burlas o comentarios que usen el género para desacreditar a una persona en campaña o en funciones públicas. Y no es cosa menor: en el padrón del INE hay ya más de 500 personas sancionadas por este tipo de conductas, entre ellas periodistas y ciudadanos.
Entonces, ¿es censura o es cumplimiento de la ley? Depende a quién se le pregunte. Para el bloque morenista, se trata de aplicar reglas claras que protejan a las mujeres en la política. Para los grupos asociados con Claudio X. González, es un ejemplo de cómo el poder quiere silenciar la crítica ciudadana.
Lo cierto es que más allá del pleito político, el caso abre un debate que no es tan blanco o negro: ¿cómo se defiende el derecho a criticar sin caer en violencia? ¿Y cómo se protege a las mujeres sin usar la ley como herramienta de control? En un país donde la política se juega también en redes sociales, esas preguntas seguirán en el centro de la discusión.
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