México compra estabilidad social con transferencias

La jabalinada / Bruno Cortés

El Paquete Económico 2026 se vende como un ejercicio de disciplina fiscal, pero basta revisar sus entrañas para notar que la disciplina es más un acto de contención que de equilibrio. El gobierno proyecta un déficit presupuestario de -3.6% del PIB, que aunque menor al de 2024 (casi -5.7%), sigue siendo un boquete que se financiará, como siempre, con más deuda. Y no cualquier deuda: el saldo histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público se estabilizará en 52.3% del PIB, un nivel que pone a México en la cómoda pero engañosa categoría de “sostenible”.

La narrativa oficial es simple: el déficit baja, la deuda se estabiliza y los mercados deben estar tranquilos. Pero el detalle está en cómo se consigue esa estabilidad aparente. Los recortes recaen en rubros que no dan votos, aunque sí futuro: la inversión física apenas crecerá un 10% respecto a 2025, muy por debajo de lo que se necesita para infraestructura productiva. Y los gastos de operación del gobierno se ajustan a la baja en más de 6%, un tijeretazo que, en la práctica, reducirá capacidad administrativa y mantenimiento de servicios

El presupuesto 2026 prioriza programas sociales y transferencias directas: becas, pensiones y subsidios al campo se mantienen en niveles históricos. Mientras tanto, rubros como educación de calidad, innovación tecnológica, ciencia, cultura y operación gubernamental son los que pagan la factura del ajuste. La paradoja es evidente: se construye un Estado social robusto, pero con piernas cada vez más débiles para sostenerlo.

El endeudamiento no es un pecado en sí mismo; el problema es que el dinero prestado se destina más a gasto corriente que a proyectos que generen crecimiento futuro. Así, la deuda se vuelve más una hipoteca que una inversión. Se paga el presente con cargo al futuro, un futuro donde la recaudación sigue siendo insuficiente frente a estándares internacionales y donde los márgenes fiscales se estrechan peligrosamente.

El discurso de Hacienda repite la palabra “responsabilidad” como un mantra. Pero la responsabilidad debería medirse en la capacidad de construir un país menos dependiente de subsidios y más basado en productividad. En lugar de eso, el Paquete Económico 2026 consolida la estrategia de un Estado que compra estabilidad social con transferencias, mientras posterga la modernización productiva.

En términos políticos, la jugada es clara: mantener el gasto social garantiza legitimidad y respaldo popular, aunque implique comprometer el margen fiscal de los siguientes años. La crítica de fondo es que el déficit se reduce no por eficiencia, sino porque los recortes se aplican en áreas invisibles para la mayoría, aunque fundamentales para la viabilidad de largo plazo.

En suma, el Paquete 2026 es un presupuesto que presume equilibrio, pero que en realidad es un ejercicio de malabarismo fiscal. El gobierno se endeuda para sostener programas sociales, recorta donde no duele electoralmente y deja intacto el dilema estructural: ¿qué país se construye cuando el futuro se paga con crédito y el presente se administra con recortes estratégicos?

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