Por Bruno Cortés
Una pesquisa penal en Estados Unidos señala a la senadora morenista Olga Sosa Ruiz por presunto tráfico ilegal de combustible y uso de fondos ilícitos para financiar campañas políticas en Texas, según reveló el periodista Óscar Balderas este 5 de noviembre de 2025.
La investigación, iniciada por autoridades federales estadounidenses, posiciona a Sosa Ruiz como figura central en un esquema de huachicol fiscal, que implica evasión de impuestos en el comercio de combustible entre México y Estados Unidos. Este delito, que genera millones en ganancias ilícitas, se usaría para respaldar actividades electorales tanto en Tamaulipas como en el estado vecino de Texas, según documentos diplomáticos compartidos con el gobierno mexicano.
Óscar Balderas, en su cápsula Nación Criminal de MVS Noticias, detalló que Sosa Ruiz, representante de Morena por Tamaulipas en el Senado, actúa como posible intermediaria entre grupos criminales locales y círculos políticos. La senadora, quien aspira a la gubernatura tamaulipeca en 2028, habría aprendido técnicas de financiamiento irregular del fallecido Sergio Carmona Angulo, conocido como el «Rey del Huachicol» y asesinado en 2021 en Nuevo León.
Los hechos centrales se remontan a transacciones financieras de familiares de Sosa Ruiz, registradas en mayo de 2025 a través de Vector Casa de Bolsa, una entidad sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en junio de ese año por lavado de dinero ligado a cárteles y precursores de fentanilo. Esas operaciones sumaron más de 64 millones de pesos, convertidos a dólares estadounidenses justo antes de las elecciones de Tamaulipas en 2022, lo que levanta sospechas de origen ilícito.
En el contexto de la frontera, el huachicol fiscal opera como una variante sofisticada del robo de combustible: en lugar de perforar ductos, se evade el pago de aranceles en importaciones desde Texas, permitiendo ventas a precios bajos en México. Autoridades mexicanas, como la Auditoría Superior de la Federación, han documentado vulnerabilidades en aduanas desde 2019, con pérdidas estimadas en miles de millones de pesos anuales.
Sosa Ruiz ha negado cualquier participación directa en las transacciones, atribuyéndolas a herencias familiares de su madre y tía, mujeres de ingresos modestos como pensionadas y beneficiarias de programas sociales. En su cuenta de X, la senadora mantiene un perfil enfocado en temas legislativos, como reformas agrarias y seguridad alimentaria, sin abordar públicamente la pesquisa estadounidense hasta el momento.
Voces críticas, como la del periodista Luis Cárdenas en MVS, han calificado esta revelación como un «duro golpe» a la Cuarta Transformación, al exponer presuntos lazos entre política y crimen organizado en la frontera. Cárdenas compartió un video el 5 de noviembre donde Balderas expone cables desclasificados que circularon en Palacio Nacional, alertando sobre la pérdida de confianza en Sosa Ruiz.
En Tampico, el 31 de octubre de 2025, un grupo de ciudadanos irrumpió en una sesión itinerante del Congreso local para exigir a Estados Unidos profundizar la investigación, extendiéndola al alcalde de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo, por supuestos vínculos similares. Los manifestantes portaban carteles con lemas como «No más huachicol en el poder», reflejando el descontento en una zona donde el combustible ilegal afecta economías locales.
El caso no se queda atrás en implicaciones bilaterales: la pesquisa podría derivar en revocación de visa para Sosa Ruiz, complicando su movilidad en la frontera y su agenda como legisladora. México, por su parte, ha disputado sanciones previas contra Vector, argumentando falta de evidencia compartida, en un pulso diplomático que se agudiza con la reelección de Donald Trump en 2025 y su enfoque en narcotráfico.
Complementariamente, Sosa Ruiz participó el 14 de octubre en la aprobación de reformas a la Ley Aduanera en el Senado, defendiendo medidas digitales para rastrear mercancías y capacitar agentes. Esta iniciativa, avalada por Morena, busca cerrar brechas en el control fronterizo, aunque críticos la ven como contradictoria ante las acusaciones en su contra.
Antecedentes del huachicol en Tamaulipas incluyen operaciones de cárteles como el del Golfo, que controlan rutas clave desde Reynosa hasta Matamoros. En 2021, Carmona financió eventos de Morena con aviones privados y contrataciones artísticas, como el cierre de campaña de Sosa en Tampico con el cantante Julión Álvarez, según videos circulantes en redes.
El rompecabezas se arma de a poco con aportes anónimos y evidencias documentales, como fotografías de Sosa Ruiz junto a Carmona, que Balderas describe como prueba de proximidad. Mientras la senadora impulsa en comisiones temas de equidad rural y sustentabilidad, la sombra de la investigación estadounidense persiste, recordando que en la frontera, los negocios sucios no respetan líneas imaginarias.
Para los lectores en Tamaulipas, esta situación subraya la necesidad de transparentar financiamientos electorales: el Instituto Nacional Electoral reportó en 2022 irregularidades en campañas locales por más de 200 millones de pesos no justificados. Monitorear portales como el del Senado o alertas del Tesoro de EU puede ofrecer pistas sobre evoluciones.
El caso de Sosa Ruiz se inscribe en un patrón más amplio de narcopolítica, con denuncias similares contra gobernadores de Morena en Michoacán y otros estados, según reportes de DW en marzo de 2025. Balderas anticipa más revelaciones en días venideros, invitando a un escrutinio que trascienda fronteras.
Deja una respuesta