CDMX a 28 de mayo, 2024.- La diputada Ana Karina Rojo Pimentel (PT) ha presentado una propuesta para reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor, con el objetivo de que los establecimientos comerciales estén obligados a emitir recibos en formato electrónico. Esta iniciativa busca modernizar el proceso de entrega de comprobantes y contribuir a la preservación del medio ambiente.
La reforma, que modificaría el artículo 12 y añadiría el artículo 76 Bis 2 de la mencionada ley, especifica que los comercios deben ofrecer recibos electrónicos a los consumidores por cualquier compra de bienes o servicios. Solo en el caso de que el consumidor lo requiera expresamente, se le proporcionará un comprobante físico.
Rojo Pimentel argumenta que más del 50% de los tickets impresos terminan en la basura y que la mayoría están hechos de papel térmico, el cual no puede ser reciclado debido a los químicos con los que se produce. La digitalización de los recibos reduciría significativamente el uso de papel, lo cual tiene un impacto positivo en la preservación del medio ambiente y la biodiversidad.
La propuesta también destaca los beneficios económicos y administrativos de esta transición. La eliminación de los costos de impresión y distribución de tickets en papel permitiría a las empresas y gobiernos reasignar recursos a áreas estratégicas y promover una mayor eficiencia económica. Además, la digitalización facilitaría la fiscalización y recaudación de impuestos, mejorando la transparencia y el seguimiento de las transacciones comerciales.
La diputada enfatizó que esta medida no solo beneficia al medio ambiente, sino que también facilita la vida de los consumidores, quienes ya no tendrán que almacenar físicamente sus recibos. Los tickets electrónicos quedarán almacenados en la bandeja del correo, siendo fácilmente accesibles y reduciendo el riesgo de pérdida.
La iniciativa ha sido remitida a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad para su análisis y discusión. Rojo Pimentel invitó a representantes del gobierno, la academia y la industria a sumarse a este esfuerzo para robustecer el marco regulatorio y salvaguardar los derechos de los consumidores.
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