Empresarios de diversos estados de la república, preocupados por los desafíos que enfrentan los dueños de vehículos usados de origen extranjero, se reunieron con el presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte, Juan Carlos Loera de la Rosa. Durante el encuentro, solicitaron modificar el Código Fiscal de la Federación y el decreto de 2021 que regula la importación de estos autos, ante problemas de extorsión y detenciones injustas debido a la desactualización de estas normativas.
Loera de la Rosa destacó la urgencia de entender a fondo esta problemática para presentar soluciones que beneficien a los ciudadanos y empresarios afectados en Chihuahua, Coahuila, Sonora y Sinaloa. Señaló que existen funcionarios aduanales que abusan de vacíos legales para extorsionar a los propietarios de estos vehículos, y abogó por prevenir que agentes de tránsito sigan esas mismas prácticas.
El diputado añadió que trabaja en un punto de acuerdo para resolver problemas similares, e instó a los empresarios a considerar pedir a la presidenta Claudia Sheinbaum una ampliación del plazo del decreto, calificándolo como «obsoleto» en su estado actual.
Raúl Villalba Navarrete, coordinador nacional de la organización Identifi-K-T, advirtió sobre el artículo 103 del Código Fiscal de la Federación, que clasifica como contrabando la posesión de vehículos sin documentación mexicana, imponiendo penas de prisión de tres meses a dos años a sus propietarios. Según Villalba, este artículo se utiliza en aduanas para justificar extorsiones, especialmente en temporadas decembrinas, cuando más mexicanos cruzan la frontera con regalos para sus familiares.
Villalba alertó que muchas personas desconocen que conducir un vehículo de origen estadounidense sin regularización representa un riesgo de detención. “Es un verdadero terror andar en un vehículo americano y enfrentar retenes o controles donde puedes ser extorsionado”, concluyó, llamando a una acción inmediata de las autoridades para acabar con esta situación.
Esta reunión podría marcar un avance en la búsqueda de una regulación más justa y efectiva para los propietarios de vehículos usados de procedencia extranjera, mitigando abusos y promoviendo la seguridad jurídica de miles de familias en México.
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